ENTRE EL LIDERAZGO Y LA PERSECUCIÓN: EL CRIMEN DE GERARDO MORENO FLOREZ

ENTRE EL LIDERAZGO Y LA PERSECUCIÓN: EL CRIMEN DE GERARDO MORENO FLOREZ Y LA REPRESIÓN A LA COMUNIDAD ZENÚ

En el marco del conflicto social y político que ha atravesado Colombia durante décadas, la historia del resguardo indígena de San Andrés de Sotavento (Córdoba) está marcada por episodios de violencia y resistencia. Uno de los hechos más significativos fue el asesinato de Gerardo Moreno Flórez, reconocido sociólogo, educador y líder indígena Zenú, quien dedicó su vida a la defensa de los derechos territoriales y culturales de su comunidad.

UNA VISITA INTERNACIONAL EN MEDIO DEL CONFLICTO

Entre el 25 de julio y el 2 de agosto de 1993, una Delegación Ecuménica de Iglesias de Gran Bretaña visitó Colombia. Esta delegación estuvo conformada por:

• Mons. Keith Patrick O'Brien, arzobispo católico de Edimburgo
• Mons. Michael Turnbull, obispo anglicano de Rochester
• Reverendo John Harris, de la Iglesia de Escocia
• Reverendo Stuart Jordan, de la Iglesia Metodista
• Reverendo Martin Nicholls, de la Iglesia Reformada.

Durante su visita, documentaron múltiples hechos de violencia, incluyendo el asesinato de Gerardo Moreno Flórez, quien fue destacado por su papel en la organización del resguardo Zenú1.

EL ASESINATO DE UN LÍDER

Gerardo Moreno fue asesinado el 19 de marzo de 1993, alrededor de las 7:00 p.m., mientras se encontraba en la casa de sus padres2, ubicada cerca del Resguardo Indígena de San Andrés de Sotavento. Un desconocido le disparó cuatro veces con una pistola calibre 9 mm, aprovechando un racionamiento de energía eléctrica que facilitó su huida. Aunque intentaron trasladarlo al hospital del municipio de Chinú, murió en el camino3.

Moreno, egresado de la Universidad de Antioquia y profesor de Ciencias Sociales del Colegio Departamental de Bachillerato Antonio Lenis4. de Sincelejo desde 1977, era un líder reconocido dentro de la comunidad indígena Zenú. En las elecciones al Congreso de 1991, participó como segundo en la lista al Senado encabezada por Gabriel Muyuy Jacanamejoy, logrando representar a las comunidades indígenas del país en el ámbito político nacional.

UN CRIMEN ANUNCIADO 

Este no fue el primer atentado que sufrió Gerardo Moreno. El 28 de septiembre de 1991, sobrevivió a un ataque en el mismo municipio. En abril de 1992, fue detenido por el grupo UNASE5, adscrito al Ejército colombiano, acusado de porte ilegal de armas. Finalmente, fue liberado el 4 de diciembre de 1992, luego de que se retiraran los cargos.

La organización Amnistía Internacional publicó el 29 de marzo de 1993 un informe titulado Ejecuciones extrajudiciales y temor por la seguridad de los indígenas Zenúes, donde expresó su preocupación por el asesinato de Moreno y advirtió que podría tratarse de una ejecución extrajudicial. En este informe también se manifestaba el riesgo inminente para otros líderes indígenas que luchaban por la defensa del territorio.

VIOLENCIA SISTEMÁTICA Y CONFLICTOS POR LA TIERRA

En enero de 1993, al menos 15 indígenas fueron detenidos temporalmente por conflictos de tierras. En febrero de ese mismo año, varias propiedades de la comunidad fueron incendiadas, presuntamente por un terrateniente local.

Amnistía Internacional subrayó que las violaciones de derechos humanos contra comunidades indígenas en Colombia frecuentemente ocurren en contextos de disputa por la propiedad de la tierra. A menudo, quienes defienden los derechos ancestrales de sus pueblos son víctimas de detenciones arbitrarias, malos tratos, desalojos forzosos e incluso asesinatos motivados políticamente.

En el caso del resguardo Zenú, los líderes locales sostenían que las tierras en disputa formaban parte del territorio ancestral, reconocido por el Instituto Colombiano de Reforma Agraria (INCORA). El asesinato de Gerardo Moreno agravó esta situación, generando alerta internacional.

Entre las solicitudes elevadas al gobierno colombiano, destacan:

• La realización de una investigación independiente, imparcial y exhaustiva sobre el crimen.
• La adopción de medidas de protección para la comunidad de San Andrés de Sotavento.

Un compromiso estatal real y efectivo con la protección de los pueblos indígenas, especialmente durante el Año Internacional de las Poblaciones Indígenas del Mundo (1993), declarado por la ONU.

VOCES DESDE LA COMUNIDAD

La Asociación de Educadores de Sucre (ADES) condenó el asesinato y convocó movilizaciones en rechazo a este hecho violento, que impactó profundamente al magisterio y a las comunidades indígenas6.

Distintos testimonios locales y medios señalaron la posible responsabilidad de grupos paramilitares en el homicidio. Un semanario denunció que el crimen de Moreno se produjo en una cadena de asesinatos selectivos en la región: “Todo parece indicar que las fuerzas de la caverna están interesadas en hacer de Sucre un nuevo Urabá”, escribía el periodista.

En la misma semana fueron asesinados también la educadora Alba Flórez y el activista campesino Tomás Vega Gómez, en lo que parece haber sido una estrategia de intimidación y limpieza social contra líderes populares y educadores7.

NOTAS DESDE LA INVESTIGACIÓN SOCIAL

Los manuscritos del sociólogo Orlando Fals Borda, quien investigó el conflicto agrario en Córdoba durante los años 80, registran: "El pueblo sin tierra fue la causa de la lucha por la tierra. Los blancos poderosos han matado a algunos [...] Agarraron al profe 'Pipi' Moreno por considerarlo agitador, por haber hecho una tesis sobre la tierra [...] Ha sido intimidado por la Procuraduría Regional, el B-2 del Ejército y algunos militares del MAS"8.

Gerardo Moreno Flórez no pudo asumir su escaño en el Congreso debido a su trágico asesinato el 19 de marzo de 1993. Él era el líder de la comunidad Zenú que estaba programado para ingresar al Senado en cumplimiento de un acuerdo suscrito por las comunidades indígenas. Este acuerdo estipulaba que él debía reemplazar a Gabriel Muyuy Jacanamejoy una vez que este último completara sus dos años en el cargo, pero su vida fue arrebatada precisamente en el momento en que se disponía a tomar posesión de su curul9.

Asimismo, Fals Borda documentó tensiones entre Moreno y un político local de apellido Gómez, quien lo habría despreciado por sus orígenes humildes. En palabras atribuidas a Moreno:

“A mí me tienen envidia porque me gradué (los Gómez no), y porque vengo de familia humilde. Mi papá era mayordomo o cuidandero de una de las familias ricas”10.

UN LEGADO QUE PERDURA

El asesinato de Gerardo Moreno fue un golpe devastador para la comunidad Zenú, pero también un símbolo de la lucha por la dignidad y los derechos de los pueblos indígenas. Su entierro fue un acto profundamente significativo: miembros de la comunidad cargaron su ataúd durante horas11. en una ceremonia ritual que mostró la conexión espiritual de los Zenú con sus muertos y su tierra.

Moreno había trabajado incansablemente contra la explotación de la mano de obra indígena y en la defensa del territorio. A pesar de la violencia que rodeó su vida y su muerte, su memoria sigue viva en la comunidad de San Andrés de Sotavento y entre quienes continúan su labor. En palabras del senador Gabriel Muyuy, compañero de lucha: “Llegamos al Senado con mucho esfuerzo y sacrificio. Pensamos que era más democrático, así como lo hacemos los indígenas, e incluso más limpio, pero allí la democracia es un juego de fuerzas [...]”12.

El legado de Gerardo Moreno Flórez inspira hoy a nuevas generaciones de líderes indígenas en Colombia. Su historia representa no solo una denuncia de la injusticia, sino también una afirmación de resistencia, dignidad y esperanza.

EDUARDO PEÑA NOVA
Historiador- Universidad Nacional
Exgobernador cabildo Chibcariwak 2010-2012

Para más Información visitar: yuotube @presenciazenú


Figuras

1. Caligrafía del sociólogo Orlando Fals Borda durante su trabajo en el resguardo indígena Zenú de San Andrés de Sotavento, en la década de los años de 1980.
2. Sector Puerto Seco, en el municipio de San Andrés de Sotavento (Córdoba). En este lugar fue asesinado el dirigente indígena Gerardo Moreno Flórez.
3. Fotografía publicada en el Diario El Heraldo de Barranquilla. Propiedad de María Victoria Bustamante Fernández.

Bibliografia
1. Comisión Intercongregacional de Justicia y Paz. (1993). Colombia ante la mirada humanitaria del mundo: Informes recientes de organizaciones internacionales ponen al descubierto la crisis de los derechos humanos en Colombia (p. 7). Justicia y Paz..
2. El Tiempo. (1993, 22 de marzo). [Título del artículo]. Archivo El Tiempo. Recuperado de https://www.eltiempo.com/archivo/documento
3. Comisión Intercongregacional de Justicia y Paz, Colombia ante la mirada humanitaria del mundo, 7.
4. https://es.scribd.com/document/697258238/Resena-Historica
5. Unidades Antisecuestro y Antiextorsión, que fueron grupos interagenciales de la década de 1990 para combatir el secuestro y la extorsión, estaban conformados por personal del Ejército Nacional, la Policía Nacional y el desaparecido Departamento Administrativo de Seguridad (DAS). En ese entonces, el Ejército Nacional tenía sus propias unidades UNASE adscritas a sus brigadas.
6. CINEP. (2004). Noche y niebla: Deuda con la humanidad. Paramilitarismo de Estado en Colombia, 1988–2003. Banco de Datos de Derechos Humanos y Violencia Política - CINEP/Programa por la Paz.
7. https://www.archivodelosddhh.gov.co/saia_release1/ws_client_oim/menu_usuario.php
8. (Archivo de Orlando Fals Borda, 1984, folio 7455).
9. https://tierramutante.wordpress.com/2024/06/06/reinel-mendoza-montalvo-zenu-universal/
10. Archivo de Orlando Fals Borda, 1984, folio 7455).
11. El Tiempo. (1993, 2 de septiembre). [Título del artículo]. Recuperado de Archivo de El Tiempo: https://www.eltiempo.com/archivo/documento 

12. Institut français d’études andines, Congresistas indígenas: acciones y contradicciones p. 411-452